Si ha decidido intentar el cobro tendrá que interponer una demanda judicial contra los inquilinos y contra el avalista, de quien antes tendrá que averiguar su domicilio y si tiene bienes en España. Para demandar al avalista conviene requerirle previa y fehacientemente para que pague.

La sentencia de un tribunal español también se puede ejecutar en Marruecos y embargar los bienes que los condenados tengan en ese país, pero el procedimiento se complica enormemente, pues ha de pasar del juzgado español al marroquí por vía diplomática y esperar que aquellos tribunales actúen por lo que hay que estar muy seguros de que tengan bienes. El convenio de cooperación judicial entre España y Marruecos es de fecha 30 de mayo de 1997 y publicado en el BOE de 25 de junio.